Cuestionan la constitucionalidad de un decreto para expulsar extranjeros por agravios

El gobierno nacional oficializó un decreto que habilita la expulsión de extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos, una medida que busca, según la Oficina del Presidente, preservar la integridad social y el orden institucional ante recientes episodios de tensión.

La decisión, interpretada como una respuesta a una supuesta campaña anti-argentina, también contempla el uso de alertas migratorias para impedir el ingreso de personas que hayan difundido mensajes ofensivos. El monitoreo y la detección de mensajes de odio dentro del país estarán a cargo de las fuerzas federales.

Sin embargo, la medida ya generó rechazo en la oposición y cuestionamientos de constitucionalistas. Diego Armesto, abogado, aseguró que el decreto es inconstitucional, argumentando que no cumple con los requisitos establecidos por la Corte Suprema para los decretos de necesidad y urgencia.

Armesto señaló que para que un decreto de estas características sea válido, el Congreso no debe poder reunirse y debe existir una necesidad de urgencia tal que impida el proceso legislativo ordinario. Según el abogado, estas circunstancias no se dan en el caso actual, por lo que la medida carecería de validez.