Gobierno impulsa "ley de inocencia fiscal" para blanquear dólares: la oposición denuncia que beneficia a evasores
El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen de inocencia fiscal, con el objetivo de incentivar a que los argentinos formalicen sus ahorros en dólares, estimados en unos 170 mil millones, que hoy permanecen fuera del sistema bancario. La iniciativa busca eliminar topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias y otorgar mayores garantías frente a impugnaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la medida busca que los ahorros "debajo del colchón" puedan ser formalizados "sin penalidad de ningún tipo", fomentando así la inversión. El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei y varios de sus ministros, propone cambios en la modalidad simplificada de declaración jurada y en el régimen de prescripción tributaria.
La oposición, sin embargo, ha manifestado su rechazo. Senadores como Agustín Rossi y diputados como Eduardo Valdés y Pablo Giuliano advirtieron que la ley podría beneficiar a funcionarios públicos y a personas políticamente expuestas, permitiendo el blanqueo de dinero ilícito. Argumentan que quienes administran recursos del Estado deben estar sujetos a mayores controles, no a menos, citando recomendaciones internacionales sobre prevención de la corrupción.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la medida, señalando que quienes tienen ahorros fuera del sistema bancario "no son delincuentes" y que la economía argentina necesita "metas estrictas y restricciones fuertes en la política monetaria" tras las políticas del gobierno anterior. La iniciativa llega luego de que en diciembre se aprobara una primera versión de la ley, que generó un amplio debate y alianzas parlamentarias para su aprobación.
cómo sonó
actores
- Luis Caputo
- Agustín Rossi
- Eduardo Valdés
- Pablo Giuliano
- Adrián Ravier
- Javier Milei
palabras
- dólares del colchón
- sistema bancario
- ley de inocencia fiscal
- impuesto a las ganancias
- funcionarios públicos
- corrupción