Críticas a la jueza de Faltas de San Nicolás por clausura de empresa

La clausura de la empresa Movipor en San Nicolás generó fuertes críticas hacia la jueza de Faltas municipal, Marianela Lafrata, a quien se acusa de un accionar arbitrario que desoye incluso a la justicia ordinaria y federal.

Según se expuso, la jueza habría dictado la clausura definitiva de los galpones de la firma, a pesar de que el juzgado correccional N°2 había dejado sin efecto una medida preventiva similar por considerarla infundada y desproporcionada. La decisión municipal afecta directamente a unos 250 empleados directos y a un número mucho mayor de trabajadores indirectos, incluyendo vendedores ambulantes y personal de transporte.

Se cuestionó la celeridad con la que se habría actuado, presentando la documentación requerida en 24 horas y recibiendo como respuesta la notificación de la clausura. La arbitrariedad en el accionar del municipio y de la jueza Lafrata fue el eje central de las críticas, sugiriendo que la medida podría responder a intereses económicos o políticos, en lugar de cuestiones ambientales o de seguridad.

Se recordó un caso similar con la empresa Atanor, donde la falta de cumplimiento de las normativas por parte de la firma derivó en su clausura, generando desempleo en la ciudad. En este contexto, se expresó preocupación por la falta de consideración hacia el impacto social y laboral de estas decisiones, especialmente cuando afectan a fuentes de trabajo y al sustento de numerosas familias.