Denuncian persecución política y cierre de empresa por negocios familiares

La empresa Movipor denunció un presunto cierre por persecución política y favoritismo hacia negocios familiares. Según un comunicado de la compañía, la jueza a cargo del caso impuso una multa de más de 70 millones de pesos y ordenó la clausura definitiva de sus seis depósitos, lo que pone en riesgo la fuente de trabajo de unos 250 empleados.

La medida judicial generó preocupación no solo por el impacto económico, sino también por las motivaciones detrás de la decisión. Se especula que la clausura podría responder a un intento de neutralizar a la oposición y favorecer a negocios de allegados, como el del primo Darcujo, evitando así la competencia.

"No se puede administrar un municipio dándole la espalda a la voluntad popular, clausurar por capricho para sacarlo de la competencia", afirmó un representante de la empresa, quien también señaló que la situación afecta el desarrollo de la democracia y la propiedad privada.

La empresa ya había sufrido una clausura de 15 días que fue levantada por un fallo judicial, pero la medida se reiteró. Esto ha generado incertidumbre entre los trabajadores y podría provocar la retirada de multinacionales con las que Movipor tiene contratos, debido a las implicaciones de cumplimiento normativo (compliance).

Además de las acciones legales y administrativas, se está iniciando una causa penal contra los inspectores y la jueza interviniente. La situación ha escalado al punto de involucrar a figuras políticas como Martin Menem, quien está al tanto de la situación y ha conversado con Federico para brindar respaldo al partido ante lo que consideran una grave afectación.